La privatización ha entrado con fuerza en el campo de la seguridad ciudadana y lo ha hecho bajo el pretexto de la ineficiencia publica en el control de la violencia; esto es, con la misma argumentación ideológica seguida en los procesos de privatización del Estado. En todo caso, esta es una hipótesis -aún no comprobada- de un proceso inscrito en la lógica general de reforma estatal, y aparece -en términos reales y objetivos- como la principal y más importante innovación en el combate a la violencia en América Latina. En otras palabras, la transformación más significativa producida en las políticas de control de la violencia, ha venido desde fuera del sector con “la privatización”: y no desde alguna de las vertientes de la prevención, como se ha pretendido hacer creer.