La región andina en las dos últimas décadas ha permanecido expuesta a una serie de problemáticas que han afectado la gobernabilidad democrática, los derechos humanos, el desarrollo social y económico de sus habitantes y la posibilidad de construir un futuro cercano donde exista la plena vigencia del estado de derecho, la justicia y la equidad. Independiente de la particularidad de cada caso nacional, resultaría difícil negar que existen dimensiones negativas relacionadas a las constantes crisis políticas, a procesos de desafección ciudadana vinculadas al deterioro de la representación partidaria, a la pérdida de vigencia e ilegitimidad de determinadas instituciones estatales y privadas, a la presencia galopante de la corrupción y falta de transparencia y poca rendición de cuentas de las autoridades y organismos públicos y, en general, a la fragilidad de nuestras sociedades frente a sistemas cada vez más excluyentes en lo económico, dependientes en lo político y vulnerables en el ámbito de las relaciones internacionales.