La comunicación, por su relación con el poder, ha sido uno de los aspectos fundamentales que los gobiernos de distintos países tienen en cuenta en sus mandatos. En los últimos años la tendencia a legislar la información y/o comunicación ha crecido de manera continua en América Latina. Un año después de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, el gobierno socialista de Rafael Correa ha propuesto una enmienda constitucional para que la comunicación pase a ser un servicio público. Este artículo plantea los interrogantes y conflictos que pueden surgir de llevarse a cabo esta medida en distintos ámbitos: jurídico-normativo, económico-financiero, social-democrático y comunicativo. Las implicaciones en esos aspectos y la trascendencia de la medida ponen de manifiesto, por primera vez en el país, que la comunicación es un sector estratégico.