El artículo muestra el impacto profundo que tuvo la conflictividad social de varias décadas en torno a la demanda de derechos laborales, acceso a tierras, y ciudadanía sobre la formación del estado ecuatoriano tras la crisis del estado liberal. Entre 1925 y 1945 se forjó un estado nacional provisto de un régimen de derechos sociales. Esta condición fue marco para un giro en la política internacional del país, y explica las incursiones del estado para exigir el pago de impuestos y cumplimiento de leyes laborales a poderosas empresas como la Anglo petrolium, la minera South American Development Company, y la United Fruit Company. Se muestra un estado forjado institucionalmente y jurídicamente al calor de las demandas activas por décadas, un estado que justifi ca sus intervenciones en el territorio y sobre los circuitos del capital en términos de la capacidad que tiene la demanda de justicia de los trabajadores ya que ésta es central en el discurso de legitimación y además porque efectivamente activa la acción estatal. Se trata de un trabajo sustentado en correspondencia que forjaba la cancillería y sus interlocutores internacionales, la prensa e informes depositados en el archivo histórico de la cancillería de Quito.