Las múltiples definiciones de la gobernanza y de la gobernabilidad, en uso desde mediados de la década del setenta, muestran cuán difícil es interpretar estas relaciones en el contexto de sociedades democráticas afectadas por la globalización de las interacciones económicas, políticas y sociales.
Sin embargo, pese a esta polisemia, un aporte esencial del paradigma de la gobernanza consiste en hacer explícitas las condiciones de la institucionalización de los arreglos entre actores sociales, políticos y económicos.
Así aparecen tres enfoques complementarios para el análisis de la gobernanza: global, nacional y sectorial.
Por enfoque global, entendemos los procesos (globalización, conflictos transnacionales e integración regional) y las estructuras de gobierno en el ámbito internacional (derecho internacional, organismos multilaterales y organizaciones supra nacionales).
Por enfoque nacional, entendemos los procesos (elecciones políticas y debates en la esfera pública) y las estructuras de gobierno en un Estado de derecho (división de poderes, sistema de partidos, régimen político y mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad ante los ciudadanos).
Por enfoque sectorial, entendemos los procesos (políticas públicas y regulación) y las estructuras del gobierno que responden a las demandas sociales (autoridades de tutela, organismos de control y mecanismos de asignación de recursos)
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