La constitución venezolana de 1999 abrió un nuevo capítulo en la lucha por los derechos territoriales en Venezuela pues reconoció oficialmente, por primera vez en la historia del país, la propiedad colectiva de los pueblos indígenas de aquellos territorios y hábitats ocupados tradicional y ancestralmente por ellos. La nueva política y concepción tomó forma con la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas aparecida en Gaceta Oficial en enero del 2001 y con la creación de la Comisión Nacional de Demarcación de Territorios y Hábitats de Pueblos y Comunidades Indígenas (CND, Decreto Presidencial N° 1392 Art. 1) en agosto de ese mismo año. La nueva legislación estipula la demarcación de aquellas tierras ocupadas histórica y actualmente por cada etnia indígena reconocida oficialmente como tal o, en su defecto, por comunidades particulares de las mismas, como un paso previo hacia el eventual otorgamiento de títulos de propiedad comunitarios.