El enorme potencial hídrico y energético de la región amazónica ecuatoriana (RAE), es visto recientemente como un factor de desarrollo local sostenible. Las políticas para el aprovechamiento del agua en la RAE son producto del sistema político y se relacionan de manera directa con los conflictos entre los actores vinculados a proyectos para la atención de demanda de agua para consumo doméstico y energía en otras regiones del país. Aunque varía el tipo de uso y aprovechamiento, se observa para estos proyectos un esquema similar de economía extractiva. En la gestión de estos proyectos el derecho a la consulta y participación de las poblaciones locales ha sido y continúa siendo visto como un simple formalismo (instrumentado) por el Estado y los promotores de estos aprovechamientos, mientras que las autoridades locales y ciudadanía visualizan en estos procesos, una serie de prácticas de fachada, sobre todo por los condicionamientos, obstáculos e inconsistencias frente a la participación en los beneficios que estos proyectos puedan generar para la región y sus localidades. El control social se presenta como una de las formas en que se institucionalizan las salidas a los conflictos por el agua y la energía en la alta Amazonía del Ecuador, como se ve del análisis de caso al proyecto CCS.