En el Ecuador, la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y su importancia para la obtención de divisas, así como la relevancia de la biodiversidad para la supervivencia de las poblaciones locales, son temas de discusión sujetos al vaivén de intereses políticos y económicos, tanto del Estado como de los actores privados. Ejemplo de esta dinámica, lo constituye el caso del parque nacional Yasuní, donde la preservación de la naturaleza no logra imponerse como razón prioritaria en el ámbito estatal, y las formas de presión ejercidas desde la sociedad son insuficientes para obtener dicho objetivo. Las acciones desplegadas desde organizaciones no gubernamentales (ONG) y redes de ecologistas no han logrado suficiente atención por parte del Estado, situación que evidencia la falta de apertura y de capacidades desde lo gubernamental, a más de la urgente necesidad de fortalecer un cúmulo de demandas y planteamientos desde la participación ciudadana. La sociedad civil ecuatoriana presenta varias tendencias en su composición; dentro de ella, diversos sectores manifiestan cierta preocupación por la situación ambiental. Aunque no todos los planteamientos se sustenten en iguales intereses, es posible encontrar puntos en común.