La atroz espectacularidad de las políticas de control desarrolladas en el marco de las migraciones mundiales de orientación Sur-Norte pareciera invisibilizar aquellas que se despliegan en contextos regionales de migración Sur-Sur donde se desenvuelven controles más sutiles y, quizás por ello, menos perceptibles. El discurso político sobre las migraciones internacionales ha comenzado a manifestar en distintos países sudamericanos algunos cambios significativos. Diversos Estados han estado o están impulsando una serie de reformas en materia de legislación y política migratoria que han colocado a los derechos humanos de los migrantes como uno de los principales fundamentos de los cambios iniciados o requeridos, otorgándole a la ilegalidad o irregularidad migratoria un lugar destacado en sus lineamientos de política. Esta tendencia observada en algunos países como la Argentina se inscribe en un proceso mucho más abarcativo que traspasa tanto el ámbito nacional como el regional. Una variedad importante de iniciativas gubernamentales impulsadas en materia migratoria en el contexto sudamericano en la actualidad encuentran su sustento ideológico en la perspectiva de la llamada gobernabilidad migratoria, adoptada y resignificada según las particularidades de cada contexto político nacional. En este sentido, la experiencia argentina, constituida en un caso paradigmático, no es posible comprenderla cabalmente sin considerar los efectos que ha tenido y tiene la regionalización de la política migratoria como parte de un proceso global de internacionalización de la política de migraciones internacionales, impulsado por agencias multilaterales como la OIM y diversas instituciones de Naciones Unidas, cuyo resultado más visible es la conformación de un régimen global de control migratorio.