La cárcel en América Latina es el único destino que tiene el transgresor a la Ley y es el elemento principal del populismo penal imperante. En nuestra sociedad se ha instalado con mucha fuerza la necesidad del castigo al ofensor mediante la imposición de una pena extrema (la cárcel) y el escarmiento que le brinda la sociedad al ofensor a través de las inhumanas políticas carcelarias. Para nadie es desconocida la situación violatoria de los derechos humanos que existe en el sistema carcelario, deducido del falso prejuicio de que el ofensor no tiene ni debe tener derechos, debido a que se ha instalado la visión unilateral del derecho de la víctima. De allí que en la región veamos con mucha preocupación el crecimiento impresionante de los presupuestos para la policía y la justicia, propios de la mano dura, y prácticamente ninguno para las cárceles. Por eso no es nada raro que estemos viviendo una crisis importante del sistema carcelario en la Latinoamérica, cuyo componente más significativo es la lógica penal existente. Como consecuencia de ella se tiene un impresionante crecimiento del número de internos en los presidios debido al incremento del número de delitos tipificados legalmente, al aumento de las penas (hasta la cadena perpetua), a la extensión de la edad en la imputabilidad penal hacia menores de edad, a la privatización de los reclusorios, así como a un desempeño institucional que penaliza en vez de prevenir, y a un sistema carcelario diseñado bajo la modalidad comúnmente conocida de la puerta giratoria, que nunca termina por rehabilitar a los internos y que convierte a la cárcel en un epicentro con el cual tiene una relación centrípeta.