En el contexto del postconflicto, alcanzar la paz y obtener justicia pareciera ser incompatible. Al ser las FARC un movimiento armado que nace desde la pobreza, la desigualdad y la injusticia, se esperaría que el Acuerdo de Paz colombiano para una paz estable y duradera resuelva las causas sociales estructurales que le dieron origen. Se reflexiona entonces sobre la capacidad de este país para reconciliarse con su conflicto a través de la justicia transicional -con la tensión inherente a la dicotomía justicia-paz-, y al mismo tiempo, conseguir la paz que se plantea. La historia de la justicia transicional demuestra que la paz siempre se ha favorecido por encima de la justicia principalmente, porque los contextos en los que se dan estos procesos, suelen ser los de sociedades con restricciones políticas y económicas. Si este postulado coincide con la realidad colombiana, el costo de seguir avanzando será muy alto y dejará profundos vacíos. El Acuerdo de Paz firmado en Cuba entre el gobierno colombiano y las FARC pone fin al conflicto de más de 50 años que deja un saldo de 8 millones de víctimas, más de 200.000 muertes, 60.000 personas desaparecidas y más de 6 millones de desplazados (Internal Displacement Monitoring Centre, 2015). El saldo de dolor humano es incalculable, la responsabilidad de la insurgencia exige ser tratada y la responsabilidad del Estado es aún mayor, sobre todo, en lo que está por venir. Es así como el postconflicto constituye el momento decisivo para que el país pueda reencaminarse en una nueva senda del desarrollo en paz y democracia.