En 1994, con la Ley de Desarrollo Agrario, el Estado ecuatoriano otorgó 127.279,28 ha de tierras para uso colectivo a 37 comunidades afroecuatorianas campesinas en el norte de Esmeraldas. Veinte años después, estas tierras sufren fuertes presiones por la penetración de capitales con fines extractivistas y agroindustriales. Este artículo realiza un examen de la situación de presión sobre dichos territorios y evidencia una pérdida sustancial de los mismos por parte de las comunidades. Esto ha generado graves consecuencias que atentan contra la cultura, la seguridad alimentaria y el equilibrio entre prácticas sustentables de producción y la conservación de la naturaleza. De forma paradójica, la vulneración al derecho al territorio se produce en un contexto en el que el Ecuador cambia su modelo de Estado, pasando de monocultural a multiétnico, con la Constitución de 2008, y a plurinacional e intercultural, con la Constitución del 2008.