La (in) seguridad ciudadana sufre un cambio sustancial en América Latina desde la década de los ochenta del siglo pasado debido, entre otras cosas, a tres cuestiones singulares: en primer lugar, la política de seguridad ciudadana tiende a sustentarse en la privatización de la producción de armas y de la tecnología bajo formas mercantiles, lo cual incrementa las violencias porque aumenta la desigualdad de acceso a la protección (los servicios de seguridad privada no llegan al 5% de la población) y, lo que es peor, según Petrella y Vanderschueren: “el grado de seguridad que se obtiene es proporcional al precio que se paga”. También hay que entender que se produce la pérdida del monopolio de la fuerza estatal en beneficio de la seguridad privada, que hoy está cerca de triplicar a los efectivos policiales públicos en América Latina.