La Constitución elaborada en Colombia a principios de los noventa introdujo entre sus líneas de descentralización el marco jurídico para la instalación de experimentos multiculturalistas. Esta situación fue vivida como una experiencia de innovación en el país y en la región andina y estableció, por tanto, condiciones muy favorables para la observación de los fenómenos de la identidad étnica como parte de procesos más amplios de cambio social.