Las libertades públicas y la seguridad ciudadana son dos caras de una misma moneda y son -a su vez- requisitos fundamentales para la convivencia social. Esto significa que son inseparables la una de la otra, en el sentido que hay una relación en la que "la seguridad y el orden son valores subordinados a las libertades" (Agirreazkuenaga, 1995). Pero también quiere decir que el respeto a la precedencia permite la tolerancia y la convivencia. La seguridad ciudadana, como política pública, no puede limitar las libertades individuales. De allí que ninguna de las tres instituciones públicas como dispositivos disciplinarios (Foucault, 1989) -policía, justicia y cárcel- puedan violar ningún derecho y mucho menos el de la libertad, porque éste prevalece sobre la seguridad, tanto que es un derecho humano que debe ser protegido legal e institucionalmente. Sin embargo, el sistema penal lo hace y al hacerlo trastoca la ecuación: pone la seguridad por sobre la libertad; la carreta delante de los bueyes.