Desde una perspectiva normativa, en esta presentación evalúo los objetivos principales que han guiado y dado forma a dos programas de empleo de tipo workfare implementados recientemente en Argentina y Uruguay. Dichos programas son, en primer lugar, el plan de -Jefes y Jefas de hogar- puesto en práctica en Argentina desde 2001; y, en segundo lugar, el programa de -Trabajo por Uruguay- introducido en ese país desde finales de 2005. Mi objetivo principal consiste en mostrar en qué medida este tipo de arreglos institucionales de emergencia pueden violentar o favorecer algunos principios de justicia distributiva normativamente deseables. En este sentido, discutiré algunos aspectos potencialmente decisivos a la hora de evaluar el alcance igualitarista e inclusivo de esta clase de medidas redistributivas.