En el trabajo se sostiene que la política petrolera del gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez es de carácter rentista. Esto significa que al Estado central, administrador de los derechos de propiedad nacional de los hidrocarburos, le pertenece asumir una doble función. Por un lado, la función política internacional de cooperar con sus socios de la OPEP para controlar el volumen de producción de crudo de la organización y tratar de mantener altos los precios y elevados los ingresos de las exportaciones petroleras. Y, por el otro lado, la función jurídico-económica nacional de apropiarse de la totalidad o la mayor parte de la renta petrolera internacional. El corolario de esta política es el fortalecimiento del Estado rentista. Pero el Estado rentista gobernado por Chávez ha adoptado además una política petrolera bolivariana sobre la integración energética latinoamericana que pretende, en primer lugar, colocar a Venezuela como centro de una dinámica integradora y de complementación económica en el ámbito regional y, en segundo lugar, constituir un bloque latinoamericano de contrapoder.