En 1993, con oportunidad del primer congreso ecuatoriano sobre el medio ambiente, se establece la base de la gestión ambiental que gira en torno a cinco áreas estratégicas: la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas, los bosques y la deforestación, los recursos costeros y los sistemas ecológicos importantes. Las características principales de dicha gestión se refieren a la continuación de la existencia, preservación (defensa, protección), conservación (manejo) e investigación (Ministerio de Relaciones Exteriores 1993: 9). Desde la visión jurídica, la gestión ambiental corresponde principalmente al Estado, como una derivación de la función que cumple en materia de desarrollo. La gestión ambiental es entendida en la actualidad como el conjunto de actividades encaminadas a procurar la ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable (Pérez 1997: 9). En este contexto se insertan el parque Yasuní y el territorio huao, donde en 2007, operan las empresas multinacionales, Andes Petroleum, Repsol-YPF, Petrobras y Perenco, así como la estatal Petroecuador. Ahora bien, el rol del Estado en el control de la conservación de la diversidad biológica y de la gestión ambiental ejecutada por estas empresas ha sido técnicamente evaluado por entes privados y gubernamentales, que lo consideran cuestionable e insuficiente. Nuestra lectura es que el modelo de conservación en el Yasuní está al borde del colapso.