En América Latina, el proceso de descentralización se inició con el quiebre de aguas que significó el retomo a la democracia, producido a fines de la década de los setenta y principios de la de los ochenta. Esto quiere decir que su existencia tiene no menos de 25 años, que nació de la mano de la redemocratización y que, por lo tanto, éste debería ser su signo. Sin embargo, la descentralización también fue contemporánea de dos procesos simultáneos de reforma del Estado: el uno, de carácter político, que impulsó la llamada gobernabilidad por medio del fortalecimiento del presidencialismo y por ende de una importante recentralización; el otro, de carácter económico, en el que se impusieron los ajustes, aperturas y privatizaciones, con los que se introdujeron determinantes internacionales en la definición de autonomía y soberanía. Con ello, la descentralización quedó subsumida y atrapada en la contradicción de dos corrientes hegemónicas: la de los vientos democratizadores de la región y la de ópticas neoliberales. Esta tensión hizo que su concreción se alejara en el tiempo, no sólo por lo difícil de enrumbarla, sino por el descrédito en que cayó debido a esta manipulación. Por eso la privatización (descentramiento) de puertos, servicios o educación ha sido recubierta bajo el halo descentralista.