México es un país petrolero de larga tradición y la existencia de crudo ha marcado la vida política y económica desde inicios del siglo XX y su impacto continúa. La Constitución, al consagrar el patrimonio nacional del crudo y el papel de este como base fundamental del desarrollo, marcó los derroteros de la utilización de la renta. De servir de palanca a la industrialización, al cambiar el modelo económico el petróleo se ha convertido en una de las más importantes fuentes de recursos fiscales para sostener el gasto corriente que permite, al mismo tiempo un amplio gasto público y un ingreso disponible de hogares y empresas elevado. Así, la renta petrolera, un impuesto de costo político cero, equilibra la muy baja carga impositiva a la renta y a las utilidades del capital. El costo es la incapacidad de la empresa de cubrir con parte de elevadísimas utilidades operacionales, siquiera parte de las inversiones necesarias para mantener la producción y se obliga a adquirir deuda creciente que compromete el 80 % de su capital y la vida útil de las reservas. En este juego de muchos intereses se ha impuesto el status quo pues las soluciones, claramente políticas han sido imposibles a la fecha: reducir la carga fiscal a Pemex o abrirla a la inversión privada.