El protagonismo del combate al narcotráfico en la zona andina durante las últimas décadas se fundamenta en la dimensión de sus consecuencias económicas, sociales y ambientales y en sus efectos desestabilizadores en las instituciones. Pero, a pesar de los esfuerzos realizados, la manera en cómo se ha enfrentado desde las políticas nacionales y la influencia dispar de otros actores como los Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE) parece no haber contribuido a combatirlo ni a eliminar las tensiones. En el actual contexto de la globalización, las respuestas políticas en diversos niveles de decisión a fenómenos transnacionales como el narcotráfico son interdependientes y necesitan de una complementariedad entre objetivos e instrumentos (Thoumi, 2003) que configure un régimen coherente de carácter multilateral. Por ello el fortalecimiento de espacios de diálogo forma parte de la gobernabilidad democrática para enfrentar amenazas comunes y el papel de las organizaciones internacionales está llamado a incrementarse.