Durante la década de los años 90 se produjeron cambios significativos en el sistema político internacional, que incidieron directamente sobre las capacidades de negociación y acción de los Estados andinos. Básicamente en el ámbito regional la influencia estadunidense condiciona ahora iniciativas políticas y económicas y determina la ejecución de las agendas de seguridad. Por otro lado, los nuevos imperativos que animan el proceso de globalización han impulsado políticas de integración regional y subregional, simultáneamente, el deterioro de los argumentos que legitimaron el enfrentamiento y la competencia entre las potencias de la guerra fría ha provocado la sustitución de las “viejas” propuestas ideológicas que ya no tienen capacidad aglutinante en diversos regímenes internacionales (Krasner, 1983).