Este artículo analiza la contradictoria apropiación del concepto de ciudadanía en la práctica del gobierno de Alianza País (AP) bajo el liderazgo de Rafael Correa en Ecuador. AP se autodefine como un movimiento de izquierda que prometió llevar adelante una “revolución ciudadana”. Sin embargo, desde el poder Correa restringió los espacios institucionales donde los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil podían articular de modo autónomo sus demandas y derechos.