Las reformas constitucionales de Ecuador y Bolivia, y las siguientes leyes de comunicación, han abierto el espacio mediático a nuevos actores sociales y políticos: los medios públicos y los comunitarios. Si los primeros son tiendan a ser referibles al Estado en la forma y a los gobiernos en la sustancia, los segundos se quedan indefinidos e irrumpen en la lucha hegemónica entre los sectores público y privado, para que la ciudadanía intervenga de forma activa en la disputa por la generación de opinión pública. Por lo tanto, es necesario sentar las bases para una definición del concepto de “medio comunitario” que sepa mantener unidas las dimensiones de significado legales y socio-políticas. Traducir en términos operativos esta definición podría permitir a los medios comunitarios reconocerse en los rasgos observables del concepto y, por ende, tomar medidas para proyectarse plenamente como sujetos de derecho.