Durante las dos últimas décadas, los partidos que tiempo atrás promovieron las reformas neoliberales en varios países de América Latina han sido excluidos progresivamente del control del Estado. Nuevos bloques de poder social, en medio de sus diferencias internas, castigaron electoralmente la propaganda sobre la conveniencia de una apertura al capital extranjero y el desmantelamiento del Estado como modelo social -lema con el cual se describía la participación segmentada y desregulada de nichos en el capitalismo global-, reposicionando así la política como razón de Estado. De acuerdo a la correlación de fuerzas existente dentro de cada formación social, los gobiernos retomaron su función social y fortalecieron la noción de derechos.