Desde la década del ochenta del siglo pasado, la ciudad Latinoamericana transita alrededor de una contradicción central, instalada en la encrucijada de dos procesos: por un lado, de retorno a la democracia y su extensión hacia los territorios nacionales interiores —en un momento en que solo siete países elegían sus autoridades locales— y, por el otro, de reforma del Estado con dos componentes clave: la descentralización, mediante la transferencia de recursos —aun deforma insuficiente—y de competencias a los gobiernos locales, así como el achicamiento del aparato estatal con la desregulación de la economía —con una fuerte ola de privatizaciones— que instaura la soberanía del consumidor, basada en las reglas del mercado.