| Sumario: | En materia laboral, con relación al empleo digno, Argentina asumió desde el 2004 un camino que busca volver a la protección de los empleados.
Actualmente el Gobierno nacional señala que constituyen objetivos prioritarios dar solución a la
problemática vinculada con la seguridad y la salud de los trabajadores y promover el trabajo decente.
Para el logro de tales cometidos, consideran necesario redoblar los esfuerzos. Esto se vio reflejado con la política con la que se declaró el año 2011 como el de Promoción de Trabajo Decente, de la Salud y la Seguridad de los Trabajadores. Para lograr avanzar en la mejora de la cultura preventiva, reforzar los Organismos nacionales de inspección y control, e in
crementar la cooperación y colaboración regional en la materia.
Esto tiene relación con la situación que en la actualidad se está desarrollando, la creciente tasa de judicialidad y la preocupación por parte de las empresas. Para lo cual debería existir una política laboral coherente, que hasta ahora no se hace presente, logrando formar una verdadera "industria del juicio".
Sin un sistema que proteja efectivamente a las empresas de los riesgos de un juicio, implica
afrontar grandes costos. Esto afecta tanto a grandes corporaciones, como a pequeñas y medianas empresas.
Con la diferencia que en las primeras, cuentan con mayores recursos para defenderse.
Por lo que con este trabajo nos propusimos analizar las principales causas que dan origen a dicho aumento de litigios, entre las cuales encontramos el despido laboral, ya sea con o sin justa causa; el trabajo informal y los accidentes y enfermedades laborales.
Además analizamos si existen tratamientos legislativos sobre cada una de estas causales y si
los mismos son adecuados. Los costos relacionados en que tendríamos que afrontar en caso de padecerlos y el impacto de los mismos en la economía de las empresas.
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