| Sumario: | Frente a los problemas estructurales que afectan a la región latinoamericana en general (desempleo, pobreza, exclusión, analfabetismo, entre otros), en los últimos veinte años los Estados han privilegiado la planificación de políticas sociales vinculadas a la aplicación de Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos (PTCIs), como intervenciones preferenciales para revertir el ciclo de regresividad social y económica. Una de las características elementales de tales programas radica en el condicionamiento exigido a los/as receptores/as como requisito sine qua non para recibir la trasferencia monetaria. En la mayoría de los casos aquellas condicionalidades han estado vinculadas a la utilización del sistema público de salud y educación de los hijos/as a cargo, como también en la instrumentación de diversos dispositivos de capacitación laboral para la población adulta. En ese sentido, la ponencia plantea una revisión de las condicionalidades en PTCIs de alcance masivo entre sus destinarios en Argentina: la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE) y el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). En muchos casos se ha constatado que el cumplimiento de las exigencias por parte de los receptores no ha estado exento de dificultades. Es por lo anterior, que el papel de corresponsabilidad estatal resultaría fundamental a los fines de evidenciar los pormenores y obstáculos que pudieran originarse en el proceso de aplicación de estas políticas.
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