| Sumario: | La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (aceptable) en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). A partir de entonces, y debido a que los derechos humanos son interdependientes entre sí, en decenas de tratados, declaraciones e instrumentos internacionales se ha hecho alusión a la vivienda. México ha instrumentado diversos programas y políticas asistenciales a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana (SEDATU), entre otras que involucran instituciones de crédito o a desarrolladores de vivienda social.
Considerando como caso de estudio una localidad rural costera del desierto en el noroeste mexicano, en este trabajo se propone una aproximación metodológica para la evaluación de estrategias implementadas por programas públicos destinados a la mejora de la vivienda y el barrio. El objetivo es identificar la pertinencia de las acciones derivadas de estos programas con relación al impacto que tienen sobre la expansión de las capacidades para el desarrollo humano y el bienestar de las personas. El caso expuesto es interesante en tanto son evidentes situaciones de segregación socio-espacial favorecidas por el destino dual que tiene el pueblo; por una parte, asentamiento de pescadores, y por otra, de segundas residencias para el turismo. Paradójicamente las estrategias asistenciales han promovido la lotificación de áreas sin servicio urbano alguno y alejadas de los equipamientos de salud y educación básica. No está de más mencionar, que esta vivienda mejorada pareciera no responder adecuadamente a las condiciones climáticas del entorno.
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