| Sumario: | El presente trabajo busca contribuir a la conceptualización del conflicto social en Mendoza que tiene lugar alrededor de la megaminería. Lo hace a partir del análisis de un hecho histórico concreto, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en diciembre de 2015, ratificó la constitucionalidad de la Ley 7722, reglamentación provincial que procura proteger el ambiente y el agua de la contaminación producto de la industria minera, de allí que prohíbe el uso de sustancias toxicas en la explotación metalífera.
El año 2007 es un punto de inflexión en la oposición a la megaminería en Mendoza, puesto que el ciclo de resistencia social abierto en diferentes zonas de la provincia desde 2003 (San Carlos, San Rafael, Alvear, Ciudad), logró imponer en la legislatura provincial la mencionada ley que protege al agua. Sin embargo, una docena de empresas presentaron demandas de inconstitucionalidad al poder judicial provincial. En tal sentido, el dictamen del Máximo Tribunal en 2015 viene a concluir un proceso de más de ocho años de judicialización de la disputa en torno a la explotación de bienes comunes naturales. Un análisis centrado en el fallo judicial como hito histórico visibiliza la manera como la intervención del Estado, en sus diferentes poderes legislativo y judicial, sobredetermina el devenir del antagonismo social.
En esta ocasión, dado el carácter exploratorio de la investigación, propongo un modo de abordaje centrado en la mediatización del conflicto a través de la cobertura que hiciera la prensa gráfica local. He seleccionado cinco periódicos: Unidiversidad; Los Andes, Mdz on line, Uno y El Sol. El trabajo ha consistido en determinar ciertas fechas hito en el proceso de configuración del conflicto sobre las cuales rastrear algunas palabras clave. El tratamiento que hacen de la cuestión los medios de comunicación permite pensar las reconfiguraciones que introduce el fallo judicial.
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