| Sumario: | A 14 años de la desaparición de Iván Torres Millacura, pese a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las condenas penales de dos de los autores, más la sanción del delito autónomo de desaparición forzada de personas en 2011, ésta práctica aberrante, sumada a las facultades policiales de detención por averiguación de antecedentes o identidad, sin control judicial, constituyen fuente permanente de hostigamiento por parte de funcionarios públicos a sectores vulnerables de la sociedad, principalmente jóvenes pobres.
El funcionamiento violento de instituciones públicas es un fenómeno violatorio de derechos humanos que no sólo tienen como consecuencia la vulneración y violación de derechos fundamentales de las personas, sino que además son permeables a derivar rápidamente en la responsabilidad internacional del Estado, sino se piensa en medidas de prevención y fundamentalmente en sanciones adecuadas que impidan la impunidad de los casos y con ello la repetición de los mismos.
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