| Sumario: | A fin de avanzar en la actualización y efectivización de los derechos sociales, es menester promover el protagonismo activo de la población destinataria de las políticas en la deliberación pública relacionada con los problemas y en la elección de alternativas de solución. A su vez, es necesario generar acciones articuladas y sinérgicas para aprovechar al máximo las aportaciones de todos los actores involucrados en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Una primera condición (necesaria aunque no suficiente) para lograr
esta sinergia es la apertura del Estado hacia la sociedad civil, haciendo fructificar todas las contribuciones que las organizaciones de la comunidad y los propios destinatarios de las políticas y los programas pueden brindar. En
esta línea, el espacio local ofrece grandes ventajas –dada la proximidad de las estructuras y agentes del Estado con la población– para entablar diálogos fértiles que faciliten profundidad en los análisis, creatividad en las propuestas y eficacia en la gestión. A su vez, a través de estas prácticas se construyen caminos para el empoderamiento de los sectores populares. Se suma a esto la conveniencia de articular las distintas jurisdicciones estatales intervinientes (nacional, provincia y municipal) en la línea del ejercicio de un gobierno multinivel y de desarrollar progresivamente experiencias intersectoriales. Finalmente, más allá de las estructuras de tipo jerárquico que mantienen su vigencia, es conveniente aprovechar todas las potencialidades que la organización en red puede aportar.
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