| Sumario: | Desde lo promulgado en la Constitución Política de Colombia del año 1991, la vivienda
digna es considerada un derecho al que todo ciudadano debe acceder. Bajo este precepto, se establece un marco general de política pública de vivienda que, a partir de lo expuesto en su contenido normativo y financiero, carece de contenido ideológico en términos sociales y culturales. No obstante, es una de las políticas sectoriales y focalizadas más representativas en las agendas públicas de Colombia, sobre todo
en términos económicos. Este artículo de in vestigación presenta dos casos de programas de vivienda que se enmarcan en la normativa general, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), Cien mil viviendas gratis para los colombianos (2012-2015) y Tarso mi techo solidario (2016-2019). Frente a estos, la investigación indaga cómo su implementación incide en el déficit habitacional del país y en las diversas concepciones y mediciones de la pobreza, a partir del enfoque ideológico de cada uno, su público objetivo, sus recursos y gestión; teniendo presente que, la implementación de los mismos, genera un impacto no sólo en las cifras y estadísticas que buscan atender el problema habitacional del país que viene ligado a la pobreza, sino en la mejora de la calidad de vida de quienes son sus destinatarios, permitiendo así un análisis que aporta al debate del por qué la provisión estatal de vivienda no tiene la capacidad por sí misma de excluir de la pobreza a hogares y familias. Principalmente, porque un enfoque y paradigma únicamente desde lo físico (por la naturaleza material de vivienda) y las cifras, representa una limitación en la perspectiva multidimensional de la pobreza, tanto a la hora de medirla, como al ser parte de estrategias para la reducción de sus índices/indicadores.
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