| Sumario: | El peticionario denuncia disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, las mismas que ha criterio del peticionario, vulneran derechos y garantías constitucionales. La Defensoría al resolver el caso determina que no existe vulneración al derecho a la libertad de expresión por parte del Ministerio de Educación; pero recomienda se debe propender a generar espacios de diálogo para que las y los funcionarios públicos puedan manifestar sus preocupaciones sobre cuestiones institucionales relacionadas a sus funciones y que son de interés público, garantizando de esta manera, la existencia de información y comunicación entre las autoridades del Ministerio y las y los servidores públicos, las y los maestros, y demás personas.
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