| Sumario: | Desde hace 17 años, alrededor de 140 comunidades ubicadas en los cantones Chillanes y San Miguel de la provincia de Bolívar, exigen al Estado ecuatoriano que se garantice y se respete sus derechos humanos y de la naturaleza vulnerados por la construcción de la hidroeléctrica de propiedad de la empresa Hidrotambo S.A. sin considerar los derechos de las comunidades y del río Dulcepamba. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador insta a los jueces y magistrados que conocen este caso, en particular a los Jueces y juezas de la Sala de la Corte Provincial de Tungurahua, a actuar de manera imparcial y apegados a derecho para subsanar los errores cometidos por la jueza de primera instancia. El rol de la INDH será vigilar el debido proceso, por lo que actuará en el marco de sus competencias y advertirá a las autoridades competentes cualquier irregularidad.
|
|---|
Biblioteca Digital de Vanguardia