Sumario: | El Consejo de la Judicatura de Transición, en el marco de su actuar, recibió información de
varias fuentes: ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y academia, sobre posibles casos
de persecución política, en la que los operadores de justicia habrían cumplido un papel
fundamental, al ser el instrumento a través del cual se judicializó y sobre todo se penalizó la crítica
al gobierno del expresidente Rafael Correa o a sus políticas. Siendo esta situación de público
conocimiento, el Consejo de la Judicatura emprendió un estudio con apoyo de varios sectores y la
participación de las presuntas víctimas. El Gobierno anterior, entre el periodo 2007-2017, impulsó la política de persecución y criminalización de una manera sistemática, estructurada y contundente, con el apoyo del sistema de justicia como tal, como se demostrará en este informe, situación que mermó de manera sustancial la independencia judicial.
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