| Sumario: | En la República Bolivariana de Venezuela (en adelante RBV) a partir de 2001 se comienza a visibilizar el tema de la trata de personas (en adelante TdP) coincidiendo con la suscripción en 2001, del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente en Mujeres y Niños (en adelante Protocolo de Palermo), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. A partir de esa fecha se han diseñado distintos planes en materia de trata de personas, que abordan factores relacionados con la prevención, protección, persecución y cooperación, centrados particularmente en mujeres, niños, niñas y adolescentes. En igual sentido, si bien se cuenta con un sistema de protección a las víctimas, el mismo no está articulado entre los distintos entes del Estado con competencia en la materia ni con las organizaciones sociales. Tampoco se visualiza de manera sostenida espacios de coordinación y de encuentro de los actores involucrados en la implementación y evaluación
de la política pública. Sin embargo, la política pública desarrollada no se fundamenta en un diagnóstico sobre la situación real de la TdP en Venezuela, que permita evaluar el impacto de la misma ni en el hecho de contar con un registro consolidado tanto en la sede judicial como en la administrativa. A pesar de las iniciativas estatales para abordar esta problemática, la información que se dispone es muy sucinta y meramente descriptiva de las acciones ejecutadas por los actores estatales, reflejada en las rendiciones anuales de cuenta y los informes presentados a organismos internacionales que elaboran las instituciones del Estado en virtud de los compromisos asumidos en los pactos y convenios de derechos humanos suscritos.
Esta situación también fue visualizada en distintos informes emanados de los órganos de tratados del Sistema de Naciones Unidas, que ponen de manifiesto y requieren del Estado la disponibilidad de información sobre las causas de la TdP, sus características, un análisis de los datos, así como la elaboración de un plan integral para la protección de las víctimas.
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