| Sumario: | El Ecuador es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas (TdP) interna e internacional, sin embargo esta es una problemática que ha sido poco abordada desde el enfoque social, de protección y que se sustenta en aspectos como la invisibilización de su magnitud, mediante la naturalización de la TdP, el desconocimiento de las víctimas sobre su situación de explotación, desarrollo de un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos y la confusión de la trata de personas con otros delitos, etc. De acuerdo con algunos estudios realizados sobre el tema se han logrado identificar en el país casos de trata con fines de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, servidumbre y con fines de reclutamiento forzoso (OIM, 2013). Delito que se da tanto a nivel nacional (interno) como internacional y que afecta en mayor medida a mujeres, niños, niñas y adolescentes. En medio de este contexto surge el interés de la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) en establecer líneas claras de acción y gestión para la protección de las víctimas de trata dentro del ámbito de sus competencias en virtud de que considera “que institucionalmente es necesario organizar el trabajo entre las diferentes unidades a fin de abordar la problemática de trata de personas desde los ámbitos de la promoción y protección, con un discurso integrado e integrador de áreas, así como también definir los pasos a seguir, conociendo entre todos y todas las acciones implementadas” (Defensoría del Pueblo, 2015, p.12).
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