| Sumario: | Las huelgas y movilizaciones realizadas a lo largo del mes de noviembre de 1.993 por la absoluta mayoría de los trabajadores de la salud y de la educación, más las acciones desplegadas por los trabajadores del Instituto de Bienestar Rural (IBR), Poder Judicial, Ministerio de Hacienda, Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) y otras reparticiones estatales, involucraron en un momento dado a cerca de 65.000 funcionarios públicos, de los poco más de 122.000 que existen en total, incluyendo a los efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el personal jerárquico del Poder Ejecutivo. Esta oleada de conflictos estuvo antecedida por un acelerado y dinámico proceso de organización del sector público, dando origen, al cabo de sólo un año y medio, a más de 80 nuevos sindicatos en el país. Dicho proceso arrancó apenas promulgada la nueva Constitución Nacional, en junio del 92, que instituye el derecho de organización para los trabajadores del Estado, La importancia de este fenómeno radica en que, en nuestro país, por las características de su estructura económica atrasada, el Estado ha sido el principal generador de fuentes de empleo y, consiguientemente, los trabajadores del sector público representan casi un tercio del total de los asalariados.
|
|---|
Biblioteca Digital de Vanguardia