Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI

La población joven colombiana para el año 2000 (entre 14 a 26 años) representa el 21% del total.** En este grupo poblacional -en especial, entre los más pobres- se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, reproducción de la pobreza. Los hombres jóvenes padecen altos índices de muer...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Muñoz González, Germán
Formato: Artículo
Lenguaje:Español
Publicado: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Manizales y el CINDE 2021
Materias:
Acceso en línea:https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3050
Descripción
Sumario:La población joven colombiana para el año 2000 (entre 14 a 26 años) representa el 21% del total.** En este grupo poblacional -en especial, entre los más pobres- se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, reproducción de la pobreza. Los hombres jóvenes padecen altos índices de muertes violentas y las menores expectativas de vida, en comparación con jóvenes de los demás países de América. Muchos de ellos, están marginados de la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión. Es el “caldo de cultivo” para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc. En 1997 se aprueba la Ley de Juventud. Establece un sistema institucional para el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública de juventud, la creación de mecanismos de protección de los jóvenes y de participación de la sociedad civil en la gestión, a través de diversas modalidades operativas. Sin embargo, los asuntos de juventud no han logrado entrar aún en las agendas públicas. El gran desafío es tomar conciencia del protagonismo de los jóvenes y potenciar la visión de y sobre los jóvenes como "sujetos de derechos", para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el establecimiento de garantías sociales e institucionales, el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales.