En las últimas cinco décadas, el desarrollo rural ha sido el tema de interés de los especialistas en Latinoamérica. Gran parte de esta investigación se centró en los proyectos de desarrollo organizados y llevados a cabo por organizaciones donantes internacionales y por ONGs nacionales. En años recientes los especialistas han investigado también la creciente participación de los gobiernos nacionales y de las autoridades regionales y locales en el desarrollo rural de América Latina. Por consiguiente, en las regiones andinas de Ecuador, Perú y, en particular, Bolivia, las políticas de descentralización propiciadas por los gobiernos nacionales, las cuales fomentan la participación de la población indígena del país en el proceso de desarrollo (Paulson y Calla 2000), han llamado la atención de muchos especialistas. Esta investigación brinda una amplia perspectiva sobre los mecanismos sociales y políticos que determinan el desarrollo rural en los Andes y las estructuras de poder que median en la relación entre los interventores externos y la población local que es objeto de los proyectos de desarrollo. Sin embargo, un aspecto que suele ignorarse en esta investigación es el papel que juegan los emigrantes latinoamericanos en el desarrollo de sus pueblos natales (Cohen 2001; Kearney 1986, 1996; Safa 1975). Mientras que el compromiso de los emigrantes rurales-urbanos con sus pueblos de origen y el impacto que esto tiene sobre la vida rural han sido documentados en algunas zonas de los Andes (Paerregaard 1997; Ríos 1991), la aportación de los emigrantes transnacionales al desarrollo rural de Ecuador, Perú y Bolivia es un fenómeno más reciente que sólo ha sido examinado parcialmente por los estudiosos de la migración (Acosta, López y Villamar 2005; Altamirano 2006; Escrivá 2004; Gelles 2005; Tamagno 2003; Vallejo 2004).