El proceso de toma de decisión en el diseño del Presupuesto del Distrito Federal (DF), plasmado en su marco jurídico, vulnera los derechos de la ciudadanía del DF, debido a la concentración de atribuciones que tiene el Ejecutivo local con respecto a las Delegaciones Políticas. Los derechos ciudadanos son asumidos como la interconexión entre derechos políticos (voto ) y sociales (obras públicas), bajo un principio de realidad, éstos deben contar con partidas presupuestarias para nos ser meras promesas; es así como el presupuesto se retoma en dos sentidos: a) instrumento que marca en gran medida la política pública que delinea el accionar gubernamental y b) como un mecanismo de garantía -indirecta- que asegura la efectividad de un derecho ciudadano.