En un entorno en el que se multiplican las incertidumbres y los riesgos en los planos económico, geopolítico y climático, las compañías petroleras -nacionales e internacionales- han buscado racionalizar sus estructuras organizacionales para resistir mejor a la competencia. Es el problema que enfrenta Pemex, la paraestatal mexicana que ocupa el tercer rango a nivel mundial en términos de producción de petróleo. Pero ahí, el proceso de reformas es delicado: implica cambios a la Constitución en un momento que, por el proceso de democratización del país, ninguna fuerza domina el tablero político. Desde el inicio de los años noventa, los diversos equipos encabezando Pemex se han esforzado en contestar las preguntas siguientes: En este contexto, ¿cuáles son las modalidades organizacionales que permitirían a Pemex a la vez conservar su estatuto de empresa estatal y, por otro lado, funcionar bajo las modalidades y los criterios en vigor en el sector privado? De manera más concreta, ¿cómo estimular un entorno de mercado en un ámbito monopólico sin modificar el texto constitucional? ¿Cómo forjar una nueva cultura de empresa cuando el todo poderoso sindicato petrolero funciona en base a una lógica corporativista? y, ¿cómo introducir criterios de responsabilidad social cuando las tradiciones discrecionales han estado imperando? Frente a las respuestas que los diversos responsables han aportado ¿qué evaluación podemos hacer, hoy en día, de las reformas realizadas?