La descentralización implica una readecuación de las relaciones entre el Estado y la sociedad para equilibrar los poderes dentro del Estado, tanto entre las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales (descentralización horizontal), como entre los poderes de la nación, la provincia y el municipio (descentralización vertical). La descentralización es consustancial al proceso de democratización del Estado, en tanto redefine la centralidad, es decir, el poder, dentro de la estructura estatal y, además, replantea las formas de representación y participación de la población. La descentralización es un proceso que forma parte de la reforma del Estado y de la sociedad, en tanto profundiza la democracia, mejora la gobernabilidad y auspicia el desarrollo económico. En otras palabras, la reforma del Estado debe incorporar el criterio de la democracia territorial, con el fin de permitir una real reforma de la articulación del Estado con la sociedad civil. Si bien esto es así, a la hora de definir las características, las intensidades y el peso de los actores de la descentralización, ésta adquiere la cualidad de una relación que define un ámbito conflictivo de intereses. Allí se producen las confrontaciones entre descentralización y centralización, así como entre los distintos proyectos de descentralización existentes. La descentralización no tiene una concepción única; por ello debe vencer al centralismo desde un proyecto contestatario que tenga una posición hegemónica, en un contexto de correlación de fuerzas específico. Esto supone la existencia de varias posiciones, respecto del tema y actores que las encarnen.