Desde 1990 el movimiento indígena ecuatoriano ha adquirido centralidad y protagonismo en la vida política del Ecuador. Este artículo explora las estrategias de etiquetamiento y control político que el Estado, las elites intelectuales y los medios de comunicación han utilizado para monitorear y normalizar las recurrentes protestas del movimiento indígena ecuatoriano. Se trata de una lectura que, en referencia al último levantamiento (enero-febrero 2001), estudia el problema de la gestión pública de los conflictos políticos y sus efectos en la vitalidad democrática de la sociedad.