El Régimen de Desarrollo, en la nueva Constitución, sienta las bases para cambiar el modelo de «desarrollo» vigente los últimos veinte años en Ecuador, caracterizado por la aplicación de las directrices neoliberales surgidas a partir del Consenso de Washington. El énfasis en el crecimiento económico como un fin mismo de la política económica, la idea de que el mercado, per se, se encargaría de distribuir eficientemente la riqueza, sumado a la desregulación exacerbada de los mercados (entre ellos los financieros), la reducción del Estado junto a las privatizaciones, la flexibilización laboral y el aperturismo a ultranza, dejó relegado el concepto de inversión social al concepto de «gasto» y, con esto, fue el rubro donde se aplicaba el conocido «ajuste estructural» y cartas de intención de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), dejando como resultado mayores niveles de pobreza, desigualdad y un aumento de la deuda social