Las políticas de prevención de la violencia, como una especie de política criminal, han sufrido un proceso de despolitización ciudadana y quedado en manos de los agentes expertos del control social formal, quienes recrean la situación socialmente problemática y proponen fórmulas de gestión tendientes a disminuir los riesgos de ocurrencia; dichas decisiones han fortalecido el poder represivo del estado y han sacrificado libertades y derechos ciudadanos. de ahí la importancia por encontrar vías alternativas de intervención preventiva en las que no haya como efecto colateral una generalizada represión. una alternativa puede ser la construcción local de una política pública en la materia.