Entre los conflictos sociales y políticos con que debe enfrentarse la democracia en Bolivia, las regiones productoras de hoja de coca representan un auténtico infierno para cualquier administración gubernamental. Detrás de la violencia con que reaccionan el gobierno estadounidense y los sindicatos cocaleros, se aproxima amenazante la sombra de una sociedad anómica. Desde el inicio de la erradicación forzosa de los cocales en 1990 hasta la llegada al gobierno de Evo Morales como dirigente cocalero, todo intento de negociación política y concertación social termina, por lo general, en represión, acciones instrumentales que refuerzan la producción de coca y dobles discursos, junto al aumento sigiloso del crimen que reproduce el narcotráfico. Actualmente, la promesa del nuevo gobierno de Morales para sacar al país del circuito coca-cocaína en un período corto no es otra cosa que una triste ilusión.