Las reformas estatales de los años ochenta en Latino américa, fue en su momento un claro anuncio de que el Estado de bienestar había entrado en crisis, las medidas reformistas disminuyeron sus funciones y estructura. Con esto, una serie de gastos públicos se incrementaron para sostener su funcionamiento. Igualmente, en los países socialistas las reformas fueron en parte respuesta obligada a su derrumbe y a la tarea de construir con rapidez gobiernos democráticos, sociedades civiles y mercados productivos (Aguilar, 2009). Aunque estas series de reformas administrativas que reestructuró el Estado en su intento por reorganizar los entes del gobierno, la sociedad civil y los sistemas de justicia, mostró unas dinámicas interesantes en cuanto a la acción o al intento por buscar soluciones integrales a la deteriorada calidad de los servicios sociales y operación del gobierno en diversos asuntos públicos, logró sólo algunos aciertos al respecto. Igualmente, en el ámbito de la planificación y gestión urbana estas reformas evidentemente tuvieron eco, sobretodo en asuntos de descentralización de los gobiernos municipales y la transferencia de las competencias urbanísticas centralistas hacia las localidades periféricas (Fernández, 1997).